La naturaleza, el ambiente del cual todos somos parte no se auto-deteriora ni auto-contamina, toda degradación del medio ambiente es antrópica, tiene su origen en el accionar del hombre, por acción u omisión. Ya sea por responder a inadecuados modelos económicos de crecimiento, por falta de una legislación clara que el Estado haga respetar,  o bien por  satisfacer ambiciones materiales de personas o sociedades, que tienen que ver más con el saqueo que con una necesidad humana,  que llevan a considerar los bienes naturales que son de todos, porque  hacen a la vida de la gente,  como si fuesen un recurso de riqueza natural propio del cual se sienten dueños de disponer a su antojo. Para ello no escatiman ningún medio como tampoco para  explotarlo en beneficio propio o de unos pocos, aunque para ello deban destruir cerros,  montañas, contaminar ríos, lagos, aire, tierra, talar bosques, la mayoría de las veces soslayando leyes con absoluto descaro y la complicidad infame de gobernantes de turno, ante la resignada mirada de una ciudadanía cada día más escéptica y descreída del sistema, por la marcada ausencia del Estado donde este tiene la obligación de ley de estar fiscalizando.

Es indudable que San Rafael más que adolecer de un plan de ordenamiento territorial, padece “in crescendo”, un desarrollo asimétrico en forma generalizada de lo cual son fehacientes testimonios los  innumerables desatinos en el emplazamiento de actividades de riesgo ambiental o inadecuadas para el lugar, que hacen a la calidad de vida de los vecinos en los sitios más insólitos y densamente poblados, lo cual  reclama un enérgico y eficiente accionar del gobierno municipal, hasta hoy ausente, cuando es su obligación legal elaborar un plan de ordenamiento de su territorialidad

Así, vemos permanentes reclamos vecinales por la falta de una legislación clara y precisa que determine dónde, cómo y con qué herramientas reglamentarias y legales, hacer al desarrollo y crecer ordenada y sustentablemente en lo demográfico, edilicio, industrial, turístico y agropecuario.

Hace no mucho tiempo nos hicimos eco de los reclamos justificados de vecinos de avenida Alberdi, lugar donde rodeado de viviendas, emprendimientos turísticos y deportes se permitía la radicación y funcionamiento de una planta elaboradora de pavimento asfáltico, que aún hoy, habiendo violado todas las leyes y reglamentaciones vigentes sigue, aunque menguadamente, funcionando.

¿Que se puede decir de Valle Grande, que no se haya dicho ya hasta el hartazgo?

¿Cuantos años hace que los hornos de ladrillos necesitan una zonificación? Basta mirar desde la ruta, en Malvinas, Calle Larga, Real del Padre, para observar como se depredan las mejores tierras para cultivos en la fabricación de ladrillos.

¿A que  emprendimiento de elaboración de ladrillos se le exigió o exige el E.I.A  previo como lo establece la ley? Y debe quedar muy claro, que no nos oponemos a esta actividad, muy por el contrario, la apoyamos por cuanto nadie puede ignorar la importancia significativa que tiene en la construcción y el crecimiento edificio, pero indudablemente, debe estar reglamentada y zonificada.

Los problemas que generan las torres o antenas de telefonía celular y el creciente cuestionamiento social, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, su emplazamiento en los ejidos urbanos es todo un tema, por el deterioro que ocasionan a la salud. Denuncias que respaldan reconocidos profesionales y científicos a nivel mundial  y a lo que se puede acceder a través de numerosas páginas de Internet.

Debemos recordar que aquí en San Rafael, luego de encendidas marchas de alumnos, padres y vecinos se clausuró una torre que afectaba a la escuela 25 de Mayo y el entorno vecinal, y que aún no se desmontó.

En esta edición, en artículo especial dedicamos la atención a una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia clausurando una de las torres de la Villa 25 de Mayo y a más de un mes de dictada la misma, aún sigue funcionando. Entonces surgen  preguntas lógicas que deben tener respuestas: ¿Quién decide? ¿Qué pasa con las antenas separadas por una calle de dos de los centros educativos más grandes del Departamento, como lo son la Escuela Normal y el Colegio Nacional que ocupan toda una manzana? ¿Qué sucede con funcionarios,  empleados y profesionales que a diario concurren al Palacio de Justicia, sometidos a la radiación de la torre que hay instalada a escasos metros de tribunales? ¿Quién se hace o hará cargo de la salud de quienes trabajan durante muchas horas o alumnos y docentes que forzosamente deben estar también largo tiempo expuestos a la contaminación electromagnética y que, como ha sucedido en otros lugares hará eclosión en algún momento? Los adultos tienen pleno poder de decisión sobre los riesgos a los que deseen someterse, pero los niños y adolescentes…

En otro orden y debido a la posibilidad de una rentabilidad rápida y por la falta de este ordenamiento territorial que se reclama, se están destinando a casas residenciales ya sea en  barrios privados y/o cabañas para prestaciones turísticas,  tierras de la más óptima calidad para cultivos. Se determinan predios de un cuarto de hectárea, más o menos,  que seguramente en un futuro no lejano tal vez debamos arrepentirnos de no haber reglamentado y condicionado su uso para el que tienen sus condiciones naturales, producción fruti-hortícola.

El sayo nos cabe a todos o casi todos, es posible. Pero es incomprensible que en 25 años de democracia, su dirigencia, sus instituciones,  no hayan acordado esfuerzos y generosidad sectorial para diseñar e implementar un esquema de ordenamiento territorial que permita un crecimiento armónico de todas las actividades del departamento. Es una asignatura de fundamental importancia que San Rafael y las instituciones de la ciudadanía tanto constitucionales como ONG tienen pendiente y deben abocarse a realizar con amplitud de criterios.

Se debe tener especial consideración para preservar el perfil agroindustrial, ganadero y turístico, como generadores de riqueza genuina para todos los niveles sociales,  ante la creciente necesidad y demanda mundial de alimentos sanos.

Héctor Correa Gabbi – Director